El cabildeo fue el desayuno, almuerzo y cena de los diputados ayer en el Congreso Nacional. El tema: qué hacer con los titulares de los operadores de justicia en los que tienen jurisdicción, como en el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés , y el fiscal general de la República, Luis Alberto Rubí.
Alrededor de las 9:00 pm, la comisión especial comenzó a leer el informe de las recomendaciones que elaboraron en menos de una semana. En lo que respecta a la Fiscalía General de la República, el fiscal, Luis Alberto Rubí, no fue separado como se especulaba desde temprano. El Congreso decidió por unanimidad seguir la recomendación de la comisión al improbar la conducta del Fiscal por los bajos resultados en su gestión, por ejemplo, informar que solo el 20% de los casos se investiga quedando el 80% en la impunidad.
“Nombramos una comisión interventora cuyas atribuciones se determinarán en el proyecto. Este decreto debe explicar que la depuración del Ministerio Público debe ser rápida y efectiva, además de determinar el tiempo de suspensión del Fiscal General y del Adjunto (Roy Urtecho). Además se debe investigar cualquier denuncia contra un funcionario de la Fiscalía”, recomendó la comisión por medio del diputado nacionalista Mario Pérez.
La mayoría de diputados presentes aprobaron el informe presentado por la comisión especial, con unas 10 abstenciones y un voto en contra. Acerca de improbar la conducta del Fiscal, la comisión argumentó que los resultados son inaceptables habiendo recibido más de tres milmillones de lempiras, fondos de la Tasa de Seguridad y los retenidos en la Oficina de Bienes Incautados (Oabi).
“Sobre las condenas, el Fiscal dijo que ha habido 1,385 en su administración, es un número muy bajo. Cuando se le preguntó sobre muertes de periodistas, femicidios, abogados y otros, el Fiscal mostró tener poco conocimiento, poca supervisión. Sobre las pruebas de confianza , la DIECP -Dirección de Evaluación de la Carrera Policía- remitió 26 expedientes, de los cuales solo siete fueron separados y los demás están en investigación. Hay abuso del derecho penal. Tienen inadecuada organización interna para cumplir sus deberes, cinco fiscalías investigan homicidio, hay desintegración, necesita una reingeniería. Es una institución ineficiente”, dijo la comisión.
En los próximos días, el decreto de intervención de la Fiscalía y el nombramiento de la comisión interventora será elaborado, ya que tanto el Fiscal General como el Adjunto deberán ser suspendidos de sus cargos mientras dura la intervención.
Destitución
Si el Congreso Nacional tuviera la potestad de destituir a funcionarios del Ejecutivo Eduardo Villanueva ya no estaría al mando de la Diecp. Anoche la comisión especial recomendó al Poder Ejecutivo la destitución de Villanueva y del subdirector Mario Chinchilla.
“Los titulares de la Diecp violentaron el espíritu de la ley al aplicar las pruebas de confianza solo a los quele remitía el director de la Policía. Esto provocó que los altos mandos no se sometieran a las pruebas de confianza. Solo han hecho 1,272 pruebas de confianza a más de 14,000 miembros activos, 230 reprobaron las pruebas, apenas siete fueron separados, son resultados insatisfactorios e inaceptables. Tienen falta de visión y rumbo claro, además, la Comisión de Reforma no los certificó”, explicó la comisión.
Por tales acciones, el Congreso improbó la conducta administrativa del director y subdirector, por lo que solicitaron al presidente de la República la destitución de ambos y que de forma descendente se apliquen las pruebas de confianza a los altos funcionarios de la Policía.
Cabe señalar que las recomendaciones se dan después de las interpelaciones que hizo el Congreso Nacional a los titulares de los operadores de justicia la semana pasada, después de que la Alianza por la Paz y la Justicia solicitara al Congreso la destitución de Villanueva y la comparecencia de estos ante el Legislativo.
Aunque el Ejecutivo ya había destituido a Pompeyo Bonilla como secretario de Seguridad, el Congreso Nacional no perdió la oportunidad de mencionar que las estrategias de combate al delito no se han definido.
“Son resultados deficientes, reflejan crisis profunda y por eso hemos demandado la depuración. Les hemos otorgado los instrumentos legales para separar a los policías ligados a actividades ilícitas y no se ha hecho hasta el momento. Hasta que vino a la comparecencia el director de la Policía, Juan Carlos Bonilla , aceptó someterse con su cúpula a las pruebas de confianza . Son inaceptables e inexcusables también lo que dijo el ministro de Seguridad, de que no fueron remitidas las citas para las pruebas de confianza arguyendo que policías estaban enfermos”, leyó el diputado Tomás Zambrano.
Una nueva misión tiene el nuevo secretario de Seguridad, Arturo Corrales, ya que el Congreso aprobó que dentro de 60 días desde la fecha que tome posesión rinda un reporte sobre la situación de la Secretaría y de la Policía. “Pedimos que se ordene las pruebas de confianza a toda la cúpula policial comenzando por el director de la Policía”, afirmó.
Sobre la Corte Suprema, la comisión mencionó que encontraron debilidades institucionales, como las medidas sustitutivas, las que permiten dejar en libertad a peligrosos criminales. “Reconocemos la disposición de la Corte Suprema en declararse a favor de someter a los magistrados y jueces a las pruebas de confianza. Recomendamos que en el término prudencial nos envíen una propuesta de evaluación continua de magistrados y jueces de los juicios que llevan y de las sentencias”, agregaron.
Conclusiones
Después de cada análisis a cada operador de justicia, los diputados concluyeron en sesionar hoy para trabajar en el decreto de intervención a la Fiscalía General. La comisión fue muy escueta al mencionar las debilidades de la Secretaría de Defensa que dirige Marlon Pascua y de las Fuerzas Armadas que comanda el general René Osorio. Sobre estos funcionarios, la comisión mencionó que el Ejecutivo debe darle continuidad de mantener a los militares en el servicio de transporte para brindarles seguridad a los ciudadanos, además de reforzar a la Fuerza Naval, darle continuidad a la protección del medio ambiente, aplicarse pruebas de confianza a oficiales y tropas de las FF AA y que se actualice la cantidad de armas.
Recomendaciones de la comisión del congreso nacional
Recomendaciones a la DIECP
1.Recomienda al pleno del Congreso improbar la conducta administrativa del director nacional y director adjunto de la DIECP y solicitar al presidente de la República su inmediata destitución del cargo y aplicar de forma urgente las pruebas de evaluación y confianza al alto mando de la Policía Nacional y de forma descendente a todos los miembros mediante la estructuración de un plan operativo sobre base de metas semanales y mensuales a fin de lograr un 100% de aplicación de las mismas en todos los niveles.
Recomendaciones Ministerio Público
1.Improbar la conducta administrativa del Fiscal General del Estado en la dirección del Ministerio Público en aplicación del artículo 205 numeral 20 de la Constitución de la República por las razones expuestas que denotan su incompetencia y diligencia en su cargo.
2.Nombrar mediante un decreto legislativo con carácter de urgencia una comisión interventora del Ministerio Público, cuyas atribuciones, competencias, integración, tiempo de vigencia y demás aspectos relacionados se determinen en el decreto que se apruebe, el cual contendrá entre otras finalidades las siguientes.
A. La rápida y eficiente depuración de todas las estructuras del Ministerio Público a efecto de volverlo más eficiente en la lucha contra el crimen y tiempo de suspensión del Fiscal General y Fiscal General Adjunto.
B. Presentar una nueva propuesta de ley del Ministerio Público acorde a las condiciones que vive en el país en materia de justicia penal.
C. La investigación de cualquier denuncia en contra de cualquier funcionario del MP.
D.Cualquier otra acción encaminada a volver más eficiente el desarrollo de las atribuciones que por ley le competen.
Recomendaciones SecretarÍa de Seguridad y Dirección de la Policía
1.En virtud de que ha trascendido al momento de redactar este informe que el presidente de la República ha removido de su cargo al secretario de Estado en el Despacho de Seguridad que presentó el informe al pleno del Congreso Nacional, esta Comisión Legislativa recomienda que el nuevo titular de la Secretaría de Estado presente un reporte ante el pleno del Congreso Nacional en el término de 60 días después de asumir su cargo, sobre los avances y la aplicación de las recomendaciones y observaciones hechas en este informe relativos a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y sobre la Dirección General de la Policía Nacional.
2.Que se ordene de forma inmediata por conducto de quien corresponda que se sometan a pruebas de confianza de forma integral el alto mando de la Policía Nacional, comenzando por su director general, directores nacionales y Directorio Estratégico.
RECOMENDACIONES A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Esta comisión legislativa solicita al pleno del Poder Legislativo que apruebe trasladar al Poder Judicial la remisión por escrito de la toma de las siguientes medidas que se requieren en la búsqueda de la solución a los problemas de la inseguridad, enviando al Congreso Nacional en el término prudencial que requiere la urgencia del asuntos de autos lo siguiente:
1.Una propuesta que contenga la evaluación continúa de manera oficiosa a los magistrados y jueces en materia penal, tanto en sus actuaciones relacionadas con los juicios que llevan como en la legalidad y transparencia de sus sentencias o resoluciones;
2. Ampliar la figura del Juez de Jurisdicción Nacional, dotándolos de las capacidades para el correcto desempeño de su cargo, posibilitando que la mayoría de juicios en materia penal en donde exista la posible comisión de delitos ligados con el crimen organizado sean conocidos en todas sus instancias por jueces que estén revestidos de este carácter.
3. Considerar como regla general y no como excepción que los jueces en las causas penales cuando dicten detención judicial, detención preventiva o cumplimiento de pena de reclusión a un imputado considerado cabecilla o jefe de una banda criminal, se ordene la remisión de este o estos a un centro penitenciario de máxima seguridad.
