El doble del volumen de carga y la correspondiente duplicación de los ingresos, además del pago de un canon, es lo que espera obtener la Empresa Nacional Portuaria (ENP) de la concesión de la terminal de contenedores a una empresa filipina.
Dario Gámez, gerente de la estatal, dijo que “los ingresos se van a duplicar, y el canon que se va a percibir garantiza que la ENP no va a perder”. Las cifras son esperanzadoras, pues de acuerdo con las proyecciones, el volumen de carga pasaría de 600 mil contenedores al año a 1.3 millones.
El gerente de la ENP explica que en la actualidad, el movimiento de cada contenedor deja en promedio unos $15.00, lo que representa $9 millones al año. Con la nueva terminal, el ingreso se eleva a $19.50 por contenedor, lo que multiplicado por 1.3 millones de contenedores promete un ingreso de $25.3 millones anuales, a lo que habrá que sumar un canon que en este momento no está definido.
En todo caso, el incremento de los ingresos parece garantizado, si bien habrá que esperar cinco años para llegar a ese nivel; sin embargo, el crecimiento no se detendría allí. “A los quince años va a estar lista la siguiente ampliación y llegaremos a tres millones de contenedores”, comentó el gerente. Gámez descartó que la concesión de la terminal de contenedores signifique una privatización de la ENP, sino que lo que se está haciendo es una suerte de arriendo de las instalaciones, que por otro lado seguirán bajo la regulación de la empresa estatal.
“Desde el punto de vista de privatización, más bien lo tenemos que ver como modernización de la empresas y mejoramiento de los sistemas, no como una privatización porque la Portuaria se va aseguir administrando como entidad del Estado”. El gerente precisó que los mayores beneficios que trae la concesión es el ahorro de cientos de millones de dólares en inversión que correrán por cuenta de la empresa ganadora de la licitación.
En la puja entre la empresa filipina ICTSI y el consorcio franco-español TCB-Bolloré, por hacerse con la concesión de la terminal de contenedores de Puerto Cortés, lo que finalmente inclinó la balanza en favor de la primera fue su oferta de $624 millones en los primeros 10 años de la concesión, tres millones más que su competidor.
Al comentar sobre los detalles del proceso y lo cerrado de la competencia, José Antonio Pineda, secretario ejecutivo de Coalianza, dijo que “el factor de desempate era qué hacían las inversiones en el puerto en el que el monto referencial nuestro era de 550 millones de dólares y quién ofertaba más inversión en los primeros diez años del proyecto”.
Sin embargo, las empresas participantes, tras evaluar las necesidades en las instalaciones, se dieron cuenta que el nivel de inversión debía ser mayor al que conservadoramente habían estimado las autoridades hondureñas, por lo que el concenso general era que la inversión debía estar en el orden de los $600 millones o más.
“El factor de competencia inicial era quién ofertaba mayor cantidad de regalías para el Estado de cada contenedor que movieran en el puerto; por eso dejamos que el factor de desempate fuera quién hacía la inversión que se tiene que hacer en el puerto en la menor cantidad de años. Porque van a tener una concesión de treinta años y podían invertir estos recursos en el año diez, quince o veinte; y como país, lo que nos interesa es que esas inversiones se hagan a la brevedad posible, y en ese sentido, el que ofertó que iba a invertir en los primeros diez años más recursos, fueron los filipinos”, señaló Pineda.
Una vez otorgada la concesión, la empresa ganadora tiene seis meses para obtener los recursos con la banca internacional para afectuar la inversión prometida, tras de lo cual firman el contrato de concesión e inician el proceso de transición para tomar el control de las operaciones en conjunto con las autoridades de la ENP.
Según Pineda, en la segunda mitad de este año deberían comenzar a verse algunas obras de inversión, de cambio de tecnología y cambios administrativos. “Seguramente el próximo año va a haber una inversión fuerte”, adelantó el funcionario.
Las autoridades de Puerto Cortés también tienen sus propias expectativas sobre lo que resulte de la concesión. Entre estas destaca el asegurar que la estatal continúe transfiriendo al municipio el 4% de sus ingresos, monto que debería aumentar considerablemente con el incremento esperado en el movimiento de la terminal.
Allan Ramos, alcalde de Puerto Cortés, indicó que espera “se respeten los derechos de los trabajadores que durante mucho tiempo han venido laborando para la Portuaria”. El funcionario indicó que las autoridades del municipio investigaron las calificaciones de la empresa seleccionada, en previsión a su posible selección, y lo que averiguaron les da la tranquilidad de que “es una empresa que sí opera otros puertos y lo han hecho de buena manera”.
El Heraldo. com
